EN PRISIÓN PREVENTIVA QUEDÓ CONDUCTOR IMPUTADO POR FATAL ATROPELLO DE NIÑA EN COQUIMBO
En prisión preventiva quedó conductor involucrado en fatal atropello de una menor, hecho que resultó en la muerte de Anaís Garrido, niña de 13 años en un accidente ocurrido la madrugada de este domingo en la caletera de la Ruta 5 norte.
La jueza a cargo dispuso de 90 días para la investigación para el caso, tras la formalización del imputado que se llevó a cargo el martes en el Juzgado de Garantía de Coquimbo.
La audiencia del presunto autor, identificado por la justicia con la iniciales M.M.M.M. de 47 años, se realizó luego que la magistrada Carla Rigotti accediera a la petición del Ministerio Público, ya que según se insistió desde la fiscalía, faltaban elementos de prueba en el caso, como la declaración de testigos y el examen toxicológico del Servicio Médico Legal.
Por esta razón, el fiscal de Coquimbo, Ricardo Salinas, presentó cargos contra M.M.M.M. en calidad de imputado en un delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, no detener la marcha, prestar auxilio y dar aviso oportuno.
Durante la audiencia, la fiscalía entregó los antecedentes reunidos, como declaraciones de testigos, de quienes acompañaban a la joven al momento del impacto, de una mujer que estuvo con el imputado y que dio cuenta que habría consumido alcohol a la hora de la conducción, así como otros antecedentes policiales; la autopsia del Servicio Médico Legal (SML) y el trabajo del sitio del suceso efectuado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y el Labocar.
Sumado a los antecedentes, otros testigos, en primera instancia, dieron cuenta de la velocidad que llevaría el automóvil y su visibilidad, entre otros aspectos.
Si bien no se ha podido incorporar la alcoholemia del imputado, de todos modos la jueza de garantía estimó que hay testimonios y antecedentes suficientes para la imputación de dos delitos.
Investigación en curso
En este sentido, la magistrada tomó la medida de prisión preventiva para el sospechoso y fijó un plazo de 90 días para la investigación y el desarrollo de diligencias faltantes, entre ellas, la ubicación de testigos
