CONTRALORÍA: FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE TARAPACÁ FIGURAN COMO DUEÑOS DE OCUPACIONES ILEGALES
Entre los ocupantes se encuentran concejales de Iquique, el director de Senadis Tarapacá y un notario público en ejercicio.
Según el documento, dicha falta puede implicar una “falta de probidad administrativa”.La Contraloría Regional de Tarapacá reveló que varios funcionarios públicos figuran como dueños de ocupaciones ilegales en terrenos del borde costero de Iquique y Pisagua.
De acuerdo al informe del ente fiscalizador, entre los funcionarios públicos involucrados destacan los concejales de Iquique Felipe Arenas y Octavio López, además del notario Carlos Vila Molina, quienes a través de sociedades mantienen propiedad de esos terrenos. También figura el actual director regional de Senadis, Guillermo Cortés.
“Sí, tengo participación en una sociedad por acciones. Tengo un rol de accionista muy minoritario, son acciones que compré hace mucho tiempo y efectivamente ese terreno se otorgó a través de una concesión marítima, legalmente a través de todos los conductos regulares y cuando yo participé allí se asignaba un terreno para construir una cabaña en ese lugar”, señaló el concejal Arenas.
“En esa circunstancia, cuando yo me entero de que la concesión marítima caducó yo no hice ningún tipo de construcción ni uso de ningún terreno”, enfatizó el edil.
El papel de la autoridad marítima
El documento Final N° 377 tuvo como finalidad constatar el cumplimiento de las disposiciones legales de la repartición en esta materia entre el periodo del 1 de enero al 21 de diciembre de 2018, “sin perjuicio de incluir operaciones de otros periodos, en la medida que se estimaron necesarias”.
Los concejales Felipe Arenas y Octavio López, también mantienen terrenos por medio de sociedades.
Contraloría Regional identificó en los listados de ocupantes ilegales e irregulares a 10 funcionarios públicos y personas contratadas a honorarios “que a la fecha de fiscalización se mantienen trabajando en diversas reparticiones públicas”.
El organismo advierte que “las situaciones advertidas y que afectan a los citados servidores públicos podrían implicar una falta al principio de probidad administrativa .
